Contraloría supervisa gestión de alimentos en más de 190 municipios para garantizar atención a personas vulnerables
La intervención abarca 189 municipalidades provinciales y cinco distritos de Lima Metropolitana. A julio de 2025, regiones como Junín, Cusco y Áncash presentan baja ejecución presupuestal, lo que pone en riesgo la entrega de alimentos a más de un millón de beneficiarios.
En un esfuerzo por fortalecer la atención a las personas más necesitadas del país, la Contraloría General de la República realiza un operativo de control simultáneo en 189 municipalidades provinciales y cinco distritos de Lima Metropolitana, con el objetivo de supervisar la gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y el Programa de Alimentación para Pacientes con Tuberculosis (PANTBC).
Ambos programas son ejecutados por los gobiernos locales, quienes han recibido más de S/ 652 millones en 2025 para financiar comedores populares, ollas comunes y la atención alimentaria a pacientes con tuberculosis. Sin embargo, el avance en la ejecución del presupuesto es preocupantemente bajo en varias regiones. Junín, por ejemplo, apenas ha ejecutado el 32% del PCA y el 34% del PANTBC hasta julio. Cusco, Áncash y Apurímac presentan cifras aún más críticas, con ejecuciones menores al 30%, lo que podría afectar la atención a más de un millón de personas registradas como beneficiarias.
Durante las visitas, la Contraloría está verificando todo el proceso logístico: desde la compra y almacenamiento de alimentos hasta su distribución final. Entre los principales hallazgos se encuentran demoras en la entrega, fallas en la gestión administrativa y debilidades en el control de los recursos.
Con esta intervención, que cubre al 81.5% de los gobiernos locales del país, la Contraloría busca no solo detectar problemas, sino también emitir alertas tempranas y recomendaciones que permitan a las autoridades locales mejorar su desempeño, garantizar la transparencia y asegurar que los recursos públicos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.
La correcta ejecución de estos programas no solo representa una obligación técnica y presupuestal, sino también un compromiso humano con miles de familias en situación de vulnerabilidad. La supervisión de la Contraloría busca precisamente eso: que la ayuda llegue a tiempo, con calidad y con justicia social.
Fuente: Contraloria / 12/08/2025
