
El Estado peruano lleva medio año sin acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena medidas urgentes para remediar los daños a la salud provocados por la contaminación por metales pesados en La Oroya. La campaña #HazteCargo, impulsada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), busca visibilizar el problema y exhorta al Estado a cumplir con el fallo emitido en marzo de 2024.
Pese a la histórica sentencia que responsabiliza al Estado peruano por la grave contaminación en La Oroya, el Gobierno aún no ha implementado las acciones necesarias para atender la crisis sanitaria que afecta a cientos de personas. La SPDA destaca que en Perú se asocian alrededor de 14 mil muertes anuales a la contaminación del aire, y La Oroya sigue siendo una de las ciudades más contaminadas del mundo, según datos del 2006.
La Corte IDH determinó que la contaminación en la ciudad ha causado daños físicos y psicológicos, por lo que ordenó atención médica especializada para los 73 habitantes afectados, de los cuales seis ya han fallecido. El fallo también establece que el Estado tiene un plazo de seis meses para desarrollar un protocolo de atención sanitaria y mejorar los servicios de salud en La Oroya.
La SPDA recordó que el Perú, como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debe cumplir con lo dispuesto por la Corte IDH. El incumplimiento podría acarrear sanciones y nuevas denuncias por parte de las víctimas. La organización también instó al Gobierno a fortalecer la fiscalización ambiental y mejorar la normativa para garantizar la transparencia y participación ciudadana.
El reinicio de operaciones del complejo metalúrgico ha incrementado las emisiones de dióxido de azufre, superando los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto ha agravado el riesgo para la salud de los habitantes de La Oroya, quienes ya han sido expuestos por décadas a altos niveles de metales pesados como plomo, arsénico y cadmio. Según el Ministerio de Salud, en 2005 se detectaron 788 niños con niveles de plomo en sangre superiores a los límites permitidos.
Desde la emisión del fallo en marzo, se han registrado 39 días con niveles de dióxido de azufre por encima de lo recomendado, siendo el 27 de marzo el día con mayor concentración, con 183 µg/m³, cuando el límite es de 40 µg/m³. La OMS advierte que la exposición a estos niveles puede causar serios problemas respiratorios y aumentar la tasa de mortalidad.
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