
Una encuesta de Ipsos revela que 8 de cada 10 peruanos ven la minería ilegal como un peligro para la seguridad nacional. El caso Pataz reaviva el debate sobre responsabilidades y medidas estatales.
La minería ilegal se consolida como una de las mayores amenazas para la seguridad del Perú, según la última encuesta de Ipsos realizada en mayo de 2025. Un 81% de la población así lo percibe, especialmente en Lima, donde la cifra alcanza el 82%. Solo un 15% considera que esta actividad no representa un riesgo relevante.
El reciente ataque en Pataz, La Libertad; donde 13 mineros fueron torturados y asesinados, ha generado una fuerte indignación nacional y ha puesto en entredicho la respuesta del Estado. Según el estudio, el 47% responsabiliza al Ejecutivo, seguido de los propios mineros ilegales (31%), el Congreso (30%), bandas criminales (29%) y la Policía Nacional (28%).
El gobierno ha prorrogado el estado de emergencia por 60 días e impuesto un toque de queda, además de suspender toda actividad minera por un mes en Pataz, Parcoy y Tayabamba. La opinión pública, sin embargo, está dividida: el 43% pide continuar la minería con mayor seguridad, el 28% apoya restringirla a la actividad formal y un 26% aboga por una paralización total.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) también está en la mira: 81% pide su reemplazo por un sistema más estricto con monitoreo y sanciones. Medidas como una base militar en Pataz (apoyada por el 81%) y un grupo especial de inteligencia (79%) cuentan con amplio respaldo.
La ciudadanía exige una respuesta más firme y eficaz frente a una amenaza que, junto con la extorsión y el narcotráfico, configura un triángulo crítico para la seguridad nacional.
Fuente: Perú21 / 13/05/2025
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