
La extensión del proceso de formalización minera artesanal (Reinfo) hasta diciembre de 2026 confirma el reconocimiento del Estado sobre las dificultades reales que enfrentan los pequeños mineros. Sin embargo, esta ampliación solo pospone un problema estructural: la convivencia entre minería informal, impactos ambientales y justicia social en las comunidades afectadas.
El Decreto Legislativo 1695, que endurece las sanciones penales contra la minería ilegal, busca cerrar vacíos legales, pero no distingue entre las economías criminales organizadas y los pequeños mineros que buscan formalizarse. Retrasos administrativos, falta de reglamentación y procesos burocráticos paralizados siguen bloqueando la transición hacia la legalidad.
Este contexto genera inseguridad jurídica y puede empujar a muchos mineros a la clandestinidad, aumentando el riesgo ambiental y social en zonas vulnerables. La falta de una visión de ordenamiento territorial y protección diferenciada para comunidades e ecosistemas afecta directamente la sostenibilidad del sector.
Para avanzar, es indispensable fortalecer la formalización real, controlar la cadena económica del oro y proteger a las poblaciones afectadas. Solo así la ampliación del Reinfo podrá ser más que una pausa y sentar las bases para un desarrollo minero responsable y justo.
Red Muqui
09/02/2016
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