
Medioambientalistas advierten que los cambios propuestos podrían debilitar la protección de reservas hídricas estratégicas y comprometer la seguridad del agua.
Argentina fue pionera en 2010 al promulgar una ley única en el mundo para proteger sus glaciares y el ambiente periglacial, reconociéndose como bienes públicos esenciales para la provisión de agua dulce. Con casi 17 000 glaciares inventariados que alimentan decenas de cuencas hídricas, la normativa consagra criterios mínimos de protección ambiental para estos ecosistemas clave.
Sin embargo, el Congreso nacional está a punto de debatir una propuesta de reforma que, según organizaciones ambientales y constitucionalistas, podría poner en riesgo la seguridad hídrica del país. El proyecto traslada a las provincias la potestad de determinar qué glaciares o zonas periglaciares merecen protección, eliminando el carácter nacional uniforme de la ley y abriendo la puerta a criterios administrativos sin rigor científico.
Críticos de la iniciativa sostienen que esta modificación vulnera principios constitucionales y podría erosionar derechos consagrados tras años de movilización social y consenso científico. Además, advierten que reducir la cobertura de la ley equivaldría a exponer las reservas de agua a prioridades políticas o económicas de corto plazo, en un contexto donde el acceso a agua dulce es un desafío creciente para millones de personas.
Defensores del cambio, incluidos sectores ligados a la minería y al desarrollo productivo, argumentan que la reforma busca “clarificar” la norma y permitir un federalismo ambiental más acorde con la Constitución, aunque enfrentan rechazo de amplios sectores que reclaman mantener la protección histórica de los glaciares como parte de la seguridad hídrica nacional.
FUENTE: EL PAÍS
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