
Las voces de miles de mujeres indígenas, silenciadas por más de dos décadas, resuenan al fin en un fallo histórico de la corte interamericana de derechos humanos a favor de las esterilizaciones forzadas realizadas en el periodo de 1996 y 2000.
A pocos días de celebrarse el Día de la Mujer, y tras un largo camino de dolor y espera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el 6 de marzo de 2026 una sentencia que marca un antes y un después en la historia reciente del Perú; el tribunal declaró responsable al Estado peruano por las esterilizaciones forzadas ejecutadas entre 1996 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori. El caso, llevado ante la justicia internacional, destapó una sistemática violación a los derechos reproductivos, la integridad personal y la igualdad, actos que la Corte equiparó a tortura. La demanda evidenció que el Perú falló en prevenir, investigar y sancionar estos crímenes, dejando una huella de impunidad que hoy, finalmente, comienza a resquebrajarse con este fallo internacional.
Detrás de la sentencia están las historias de miles de mujeres, en su mayoría quechuas y aimaras de las zonas rurales más empobrecidas del país. Bajo el engañoso programa de salud reproductiva y planificación familiar, el Estado peruano llevó a cabo una política de esterilizaciones masivas utilizando falsas promesas, anticonceptivos ficticios e incluso amenazas y violencia en los puestos de salud más remotos. Muchas de ellas fueron sometidas a ligaduras de trompas sin su consentimiento informado, y como consecuencia, sufrieron infecciones graves, hemorragias y una infertilidad definitiva. Este daño no fue solo físico, sino profundamente cultural ya que en las comunidades andinas, donde la maternidad es un pilar que teje la historia colectiva como quipus vivientes, la imposibilidad de tener hijos destruyó linajes enteros y quebró tradiciones.
Por ello, la Corte IDH no solo reconoció el daño, sino que ordenó reparaciones integrales que incluyen indemnizaciones de hasta 50,000 dólares, atención médica gratuita de por vida, la creación de un Registro Nacional de Víctimas y reformas estructurales para erradicar la discriminación étnica en el sistema de salud. La Defensoría del Pueblo ha celebrado este hito como un paso emocional y necesario, urgiendo al gobierno a ejecutar de inmediato las medidas para que las voces de las esterilizadas, madres, abuelas y guardianas de tradiciones puedan, por fin, cerrar los ciclos de violencia estatal y florecer en dignidad.
Fecha: 06/03/2026
Fuente: Noticias DW
Gracias tu mensaje ha sido enviado.
Te contacteremos a la brevedad posible.
Déjanos tus datos y nosotros te contactaremos. Los campos son obligatorios.