
El Estado peruano destina nuevos recursos para conservar los activos del gasoducto inconcluso, mientras persiste la incertidumbre sobre su futuro y utilidad real.
El Gasoducto Sur Peruano (GSP), concebido para llevar gas natural desde Camisea hacia las regiones del sur, continúa representando una carga financiera para el país. A pesar de que nunca llegó a operar, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la transferencia de S/ 167 millones para la custodia y conservación de los bienes vinculados al proyecto.
La infraestructura inconclusa, conocida popularmente como los “tubos de Odebrecht”, permanece bajo la administración de OSINERGMIN, entidad encargada de vigilar y mantener los activos. La medida busca evitar el deterioro de las instalaciones mientras se define si el proyecto será retomado o quedará definitivamente archivado.
El GSP quedó paralizado hace casi una década tras el escándalo de corrupción de Odebrecht, lo que frustró la construcción de una obra considerada estratégica para la diversificación energética y el desarrollo económico del sur del país. Desde entonces, el Estado ha tenido que destinar recursos periódicos para su conservación.
Además de los costos de mantenimiento, el Perú enfrenta procesos legales internacionales relacionados con el gasoducto, lo que mantiene el tema en la agenda pública y política. La reciente asignación de fondos reaviva el debate sobre el impacto económico de un proyecto que nunca vio la luz, pero que sigue demandando millones del presupuesto nacional.
Fuente: Infobae
02/02/2026
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