
El beneficio extraordinario refleja la tensión entre demandas laborales y restricciones presupuestales, en un contexto de reducción progresiva de incentivos en el sector público.
El Gobierno peruano oficializó el pago de un bono extraordinario de S/100 para trabajadores del sector público, en cumplimiento del Convenio Colectivo Centralizado 2025–2026. La medida fue publicada en enero de 2026 y se financiará con recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por un monto cercano a los 55 millones de soles.
El bono, de carácter no remunerativo ni pensionable, beneficiará a un amplio grupo de servidores estatales. Sin embargo, su monto ha generado críticas entre gremios sindicales, que lo consideran insuficiente frente al alza del costo de vida y las crecientes demandas salariales.
La comparación con años anteriores evidencia una reducción progresiva: en 2022 se otorgaron bonos de hasta S/500, en 2023 de S/400, en 2024 de S/300 y en 2025 de S/200. El pago de 2026, con apenas S/100, se convierte en el más bajo de los últimos cinco años, reflejando la presión por controlar el déficit fiscal y priorizar otros gastos sociales.
Economistas señalan que esta tendencia responde a la necesidad de mantener disciplina fiscal en un contexto de menor recaudación y mayores compromisos de inversión pública. Para los trabajadores, en cambio, el bono simboliza un reconocimiento mínimo que no compensa las condiciones laborales ni el impacto de la inflación.
La oficialización del beneficio abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y sus servidores, donde la sostenibilidad de las finanzas públicas se enfrenta a la expectativa de mejores incentivos laborales.
Fuente: La República
02/02/2026
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