La justicia reivindica a defensores ambientales
Dos recientes decisiones del Poder Judicial pusieron fin a años de procesos penales contra comuneros de Apurímac y Cusco, reafirmando que la protesta social no puede ser tratada como un delito.
Dos fallos del Poder Judicial marcaron un importante precedente en la defensa de los derechos humanos y ambientales en el Perú al favorecer a comuneros de Apurímac y Cusco que durante años enfrentaron procesos de criminalización por participar en protestas sociales.
El primer caso corresponde a la provincia de Cotabambas, en Apurímac. El pasado 26 de junio, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas declaró fundada la solicitud de sobreseimiento a favor de 19 defensores ambientales investigados por más de una década. Los hechos se remontan a 2015, cuando las comunidades protestaron contra la empresa minera MMG Las Bambas por la modificación del Estudio de Impacto Ambiental sin un adecuado proceso de consulta previa.
Durante las manifestaciones se registró una violenta represión policial que dejó tres comuneros fallecidos. Posteriormente, los dirigentes fueron denunciados y sometidos a un largo proceso penal. El juzgado concluyó que no existían pruebas suficientes para determinar responsabilidades individuales.
El segundo caso ocurrió en la comunidad de Urinsaya, en la provincia cusqueña de Espinar. La Sala de Apelaciones de Canchis confirmó la absolución de diez comuneros acusados de secuestro y entorpecimiento de los servicios públicos tras una protesta realizada en 2020 contra los impactos del Corredor Minero.
Los comuneros enfrentaron más de seis años de procesos judiciales e incluso pedidos de hasta 30 años de prisión. La justicia determinó que las acusaciones se sustentaban en testimonios con serias irregularidades.
Ambas decisiones representan un avance en la protección del derecho a la protesta y evidencian la necesidad de evitar el uso del sistema penal para intimidar a quienes defienden el ambiente y sus territorios.
Red Muqui
10/07/2026
