Perú: avances y retos para consolidar la protección legal de los humedales
Especialistas señalan progresos normativos, pero falta implementación y recursos para proteger estos ecosistemas esenciales.
La consolidación de un marco legal sólido para la protección de los humedales en Perú ha mostrado avances importantes en los últimos años, pero persisten desafíos significativos para que estas normas se traduzcan en conservación efectiva. Estos ecosistemas, vitales para la biodiversidad, el equilibrio hídrico y el bienestar de comunidades, están cada vez más bajo amenaza por actividades humanas como la expansión agrícola, la minería y el desarrollo urbano.
Entre los principales avances normativos se encuentran la inclusión de humedales en instrumentos de gestión territorial y ambiental, así como la adopción de lineamientos que reconocen su valor ecológico. La aprobación de criterios técnicos para su inventario y zonificación ha permitido identificar áreas prioritarias que requieren protección especial, vinculando políticas de gestión del agua, biodiversidad y cambio climático.
No obstante, los expertos advierten varias limitaciones. La implementación de estas normativas enfrenta obstáculos como la falta de capacitación de autoridades locales, recursos insuficientes para monitoreo y fiscalización, y la ausencia de sanciones efectivas frente a actividades que degradan los humedales. Asimismo, la articulación intersectorial entre instituciones clave sigue siendo débil, lo que dificulta acciones coordinadas.
El fortalecimiento de la protección legal también requiere la participación de las comunidades que habitan cerca de estos ecosistemas. Su conocimiento tradicional y su rol activo pueden ser piezas clave en estrategias de conservación, siempre que existan espacios para su incorporación en procesos de toma de decisiones.
La consolidación de una protección real y sostenible de los humedales peruanos pasa por traducir normas en acciones eficientes, dotar de recursos técnicos y económicos a las autoridades y promover una gobernanza ambiental que involucre a todos los actores relevantes.
FUENTE: ACTUALIDAD AMBIENTAL
