Vacíos burocráticos facilitan el comercio de recursos marinos protegidos
El Ministerio de la Producción (Produce) otorgó a la compañía Inversiones Perú Flippers recientemente autorizaciones para la salida del país de 9087 kilos de aletas secas de tiburón zorro pelágico, un recurso catalogado en peligro de extinción.
El titular y gerente general es Juan Roberto Quispe Huamaní. Lo paradójico es que dicho volumen autorizado es casi idéntico al cargamento ilícito que la policía decomisó al mismo empresario durante un masivo despliegue policial ejecutado en el Callao.
En abril de 2024, el Poder Judicial dictó una sentencia de dos años y siete meses de privación de la libertad suspendida contra Quispe Huamaní por el procesamiento y extracción ilegal de especies marinas.
Además, la fiscalía corporativa especializada contra el crimen organizado lo procesa formalmente por liderar una presunta red internacional de recursos hidrobiológicos a pescadores de Ecuador para comercializarlos con documentación fraudulenta en mercados de Asia.
La continuidad de estas operaciones comerciales expone severas grietas en los filtros de control y fiscalización del Estado. Evaluaciones a los expedientes de la empresa demuestran que las oficinas estatales detectaron anomalías documentales.
Entre los hallazgos figura la presunta adulteración de comprobantes de la Sunat mediante códigos QR que no coincidían con las bases de datos públicas, para ocultar baches en la ruta comercial del producto. Pese a comprobarse estas alteraciones, la entidad sectorial optó por validar la exportación.
Mientras no exista un dictamen judicial definitivo que restrinja el funcionamiento de la corporación, la autoridad pesquera no posee las facultades legales para denegar los despachos comerciales.
No obstante, juristas del sector señalan que las normas vigentes facultan al aparato estatal a emplear medidas cautelares excepcionales.
Mongabay
13/07/2026
